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Dictan 36 meses de prisión preventiva a funcionarios investigados por presunta red de corrupción en Juliaca

El Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, investigados por integrar una presunta organización criminal dedicada a favorecer a conductores infractores a cambio de pagos ilícitos.

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Detenidos. Ocurrió tras intervención policial.
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El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra cuatro investigados por su presunta participación en una organización criminal que habría operado dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román, en la región Puno. 

La medida fue solicitada por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y alcanza al gerente de Transportes, Hardy Meyer Quispe, al exsubgerente de Circulación, Edwerson William Pacori, al exjefe de Fiscalización, Alberth Aguirre, y al subgerente de Regulación de Transporte de Vehículos Menores, Yony Apaza. Además, el alcalde de San Román, Óscar Cáceres, y otras tres personas afrontarán el proceso con comparecencia restringida.

Según la investigación liderada por el fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio, los implicados integrarían una estructura criminal conformada por funcionarios, servidores públicos y particulares, dedicada a cometer presuntos delitos contra la administración pública. La Fiscalía sostiene que los investigados aprovecharon sus cargos para beneficiar irregularmente a conductores sancionados por infracciones de tránsito, obteniendo pagos ilícitos a cambio de evitar sanciones.

La hipótesis fiscal señala que la organización solicitaba montos que fluctuaban entre S/500 y S/5000 para no registrar papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anular multas ya impuestas o liberar vehículos retenidos sin cumplir los procedimientos establecidos por ley. Cada integrante habría desempeñado funciones específicas para mantener el presunto esquema de corrupción y evitar ser detectado por las autoridades.
 

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