La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Coalaque contrató a un proveedor impedido de prestar servicios al Estado, según el Informe de acción de oficio posterior N.° 007-2026-2-0444. El documento advierte que la entidad emitió órdenes de servicio durante 2025 pese a que el proveedor mantenía una sanción vigente, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública.

De acuerdo con el informe, el proveedor E. R. Q. M. fue contratado para labores en la Subgerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Rural, incluyendo funciones en la jefatura de la Unidad Formuladora. “Se otorgaron órdenes de servicio pese a la existencia de una inhabilitación vigente”, señala el documento, evidenciando presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

La Contraloría precisó que, aunque el proveedor declaró no tener impedimentos en sus documentos, la verificación en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles confirmó que contaba con una inhabilitación desde el 20 de diciembre de 2017. Además, se identificó que no cumplía con el perfil requerido, ya que la entidad solicitaba profesionales titulados en ingeniería civil o economía, mientras que el contratado solo contaba con grado de bachiller en ingeniería de sistemas.

En ese sentido, la Contraloría concluyó que la municipalidad no verificó adecuadamente la información del proveedor, lo que podría vulnerar el principio de veracidad en la contratación pública.