El hallazgo del cuerpo sin vida del peruano Alexander Calle Juárez en la comunidad boliviana de La Enconada, en San Juan (Ichilo, Santa Cruz), ha desatado una ola de indignación y alarma en ambos países. Calle había sido secuestrado el domingo por cinco hombres encapuchados y armados, vestidos con chalecos similares a los de la fuerza antidrogas. Los sujetos irrumpieron violentamente en su vivienda, realizaron disparos frente a su familia y lo obligaron a subir a una miniván antes de exigir un rescate millonario que habría oscilado a casi S/100 mil
Vecinos de la zona encontraron su cuerpo el jueves 4 de diciembre en el kilómetro 27 de la Faja Norte: estaba con la cabeza cubierta, vestido con ropa deportiva y presentaba impactos de bala, según la Policía boliviana. A pesar del avanzado estado del cadáver, los familiares lo identificaron por la vestimenta. El crimen expuso una grave falla en los protocolos de seguridad bolivianos y avivó sospechas sobre organizaciones criminales que operan disfrazadas de unidades estatales.
La esposa del fallecido relató que recibió llamadas de los secuestradores exigiendo el rescate, lo que activó operativos de la FELCC y la Policía provincial, pero sin éxito. El cuerpo fue trasladado al hospital de Yapacaní, mientras las autoridades aún no ofrecen una versión oficial sobre los responsables ni sobre los móviles. El caso ya genera presión internacional, pues los secuestradores actuaron con un nivel de logística que sugiere vínculos con redes criminales de gran alcance.
Aunque Alexander Calle no tenía antecedentes, la Policía boliviana investiga un posible vínculo indirecto con personas relacionadas al narcotráfico debido a la sofisticación del secuestro. El coronel Efraín Gutiérrez declaró que analizan una posible conexión con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, aunque aclaró que esto no ha sido confirmado. El Perú y Bolivia enfrentan ahora un caso que podría destapar una red criminal trasnacional que operaría con total impunidad en zonas fronterizas.
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