El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, reconoció que no existe una fiscalización efectiva para evitar los cobros irregulares en el transporte urbano de su ciudad.
La autoridad edil señaló que -aunque conoce los reclamos de la población por el incremento del pasaje- la municipalidad provincial no tendría atribuciones para intervenir directamente en estos casos.
El conflicto se remonta aproximadamente a un mes atrás, cuando las empresas de transporte elevaron el pasaje hasta S/1.50, lo que provocó protestas y reclamos de los usuarios. Ponce Roque indicó que la población cuestiona este incremento porque las rutas en Puno son más cortas que en otras ciudades. Además, denunció que algunos transportistas cobran S/1.50; a pesar de que la tarifa por dicho servicio en la ciudad es de S/1.
Frente a la decisión de los transportistas, el concejo municipal aprobó una nueva ordenanza que establece sanciones más estrictas para las empresas que incumplan sus rutas y abre la posibilidad de incorporar nuevos operadores. Según el alcalde, la norma ya se encuentra en etapa de aplicación.
Sin embargo, la autoridad reconoció que la municipalidad realiza principalmente labores de control y recomendación, sin contar con las atribuciones necesarias para fiscalizar directamente los cobros. Mientras tanto, los usuarios continúan expuestos a tarifas cuestionadas y a la falta de un control efectivo.