James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua, en Loreto, vive con amenazas de muerte por su labor en defensa de su comunidad. Ante el riesgo, utiliza un chaleco antibalas incluso durante reuniones con representantes del Estado.
El dirigente forma parte de un preocupante registro elaborado por la Aidesep. La organización identificó 37 líderes indígenas asesinados entre 2013 y 2025 y otros 43 defensores amenazados. Mauro Pio Peña fue el primero registrado, en 2013, mientras que Isai Shuk Shawit figura como el último, en 2025.
El informe vincula esta violencia con la expansión de tala y minería ilegal, narcotráfico, cultivos ilícitos, tráfico de tierras y pesca ilegal. También advierte sobre conflictos por territorios indígenas, explotación de hidrocarburos, proyectos de infraestructura y presencia de grupos armados.
La situación afecta a pueblos como los Huitoto Murui, Shipibo Conibo, Kukama Kukamiria, Awajún, Matsiguenga, Asháninka, Iquito, Kichwa, Arabela, Ashéninka y Kakataibo.
DEFENSORES. Entre los dirigentes que, según Aidesep, continúan recibiendo intimidaciones figuran Graciela Álava, Miguel Guimaraes, Arthur Cruz, Zoila Ochoa, Martha Negrete, Edith Huanio, Carmen Macahuachi, Juana Guatica, Ramón Tenteis, Percy Nanchijam, Ronildo Gushi, Rafael Canchari, Gil Inoach, Marcelo Odicio, Elías Mozombite, Herlim Odicio y Grimaldo Villacorta.
La organización advierte que las amenazas buscan frenar la defensa de los territorios y dejan a comunidades y dirigentes en una situación de permanente vulnerabilidad.
