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Urge reorganización del Poder Judicial y Fiscalía

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A raíz de las declaraciones del exasesor de la exfiscal de la Nación, Luis Villanueva, y del reciente caso del conductor de televisión Andrés “Chibolín” Hurtado, donde estarían involucrados jueces y fiscales en  tráfico de influencias y actos de corrupción, se hace, una vez más, imperiosa la necesidad que se declare en reorganización el Poder Judicial y el Ministerio Público, incluido la Junta Nacional de Justicia, ente encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales.

En el primer caso, el exasesor Luis Villanueva, hace meses declaró ante la fiscal suprema, Delia Espinoza, que fiscales supremos, fiscales superiores y fiscales provinciales estarían incursos en graves delitos.

Por ejemplo, dijo que el fiscal supremo Pablo Sánchez habría detenido un allanamiento a las oficinas de la ONG IDL de Gustavo Gorriti. También ha archivado la investigación que se le seguía a el expresidente Martín Vizcarra por el caso del aeropuerto de Chinchero, Cusco. 

Respecto al fiscal superior, Rafael Vela, reveló que hubo una “planificación” durante la segunda vuelta del último proceso electoral con el objetivo de evitar el triunfo de Keiko Fujimori.   Vela realizó coordinaciones durante la segunda vuelta electoral del 2021 con la entonces asesora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Janet Talavera, para evitar que Fujimori gane las elecciones presidenciales.

Asimismo se ha denunciado en en menos de un año ha triplicado su patrimonio; en el año 2020, declaró S/905 350 en bienes y un ingreso mensual de S/18 573, pero, al año siguiente, el monto aumentaría significativamente. En el 2021, al mismo salario mensual se le sumó S/4300 del sector privado y lo que más llama la atención es que el valor de sus bienes se incrementó a S/2 499 210.

 El caso del fiscal provincial José Domingo Pérez se denunció un inusual aumento patrimonial al lucirse un auto de lujo de más de 100 mil doláres cuando su sueldo mensual es de 14 394 soles, sin considerar los descuentos por impuesto a la renta y AFP.

Todos estos casos no son investigados por sus superiores o caminan a un paso muy lento, que esperan que con el tiempo la gente olvide y/o se archiven por “falta de pruebas”.

Con el escándalo de Andrés “Chibolín” Hurado, detenido por fue detenido de manera preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, ha involucrado a dos juezas y una fiscal. Luz Elizabeth Peralta Santur, es la fiscal que fue señalada por la familia Siucho de haber favorecido a Javier Miu Lei al devolverle 100 kilos de oro decomisados y no acusarlo ante el Poder Judicial. La coima que habría recibido “Chibolín” es de 1 millón de dólares.

La jueza Superior Paola Luz Valdivia Sánchez quien habría sido favorecida por Hurtado remodelando su casa. Por otro lado, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, la magistrada y sus hijos coincidieron con “Chibolín” en viajes a los Estados Unidos y Panamá.
También el juez Richard Concepción Carhuancho fue citado a declarar ante la Fiscalía.

Como se puede ver, se requiere urgente una remoción de fiscales y jueces. Con una administración de justicia politizada, nunca se va haber justicia plena y real.

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