La terquedad de la fiscal Delia Espinoza de no querer dejar el cargo de fiscal de la nación, dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atrincherándose en su despacho con vigilia de velas, actitud inusual y ridícula de una alta autoridad, abona para que sea reorganizado el Ministerio Público, convertido hoy en un actor político, contraviniendo sus normas de funcionamiento.
Ayer la JNJ, mediante la directora de Procesos Disciplinarios, Magnolia Martínez, envió un oficio requiriendo a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela para que en el día reponga a la magistrada Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la nación, bajo apercibimiento de solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de incumplimiento. O sea, puede ser detenida por la PNP de persistir con su actitud.
La semana pasada el Poder Judicial declaró improcedente el Haber Corpus que había solicitado la fiscal Espinoza para que no sea detenida. Mientras tanto la fiscal Espinoza despidió a siete funcionarios que no participaron en la vigilia que ella convocó el lunes 16 de junio.
Hasta el momento de escribir este comentario, no ha había producido la mentada reposición en el cargo de la fiscal suprema Benavides. Como se recuerda la semana antepasada la JNJ anuló las sanciones por incumplimiento al debido proceso a la citada fiscal y retrotrayendo la medida hasta el momento que fue sancionada; es decir hasta cuando se desempeñaba como fiscal de la nación.
Es claro que el Ministerio Público ha sido infestado por caviares y comunistas, quienes desde los más altos cargos han favorecido a Odebrecht, integrantes del Club de la Construcción y otros afines ideológicos; y ahora son actores políticos, situación que no está contemplado en su manual de organización y funciones. Por ello se percibe el sentir de un buen sector de la población, en el sentido que el Ministerio Público debe ser reorganizado, porque no hay garantías de una buena administración de justicia. Qué ejemplo dan al pueblo al no acatar una disposición de la JNJ.
El Ministerio Público no goza de un buen prestigio desde que el expresidente Alberto Fujimori empezó a copar todos los poderes del Estado. El último gran y notable fiscal de la nación fue Manuel Catacora Gonzáles, quien no aceptó ser nombrado por segunda vez, al ver el manoseo de este organismo a manos de la dupla Fujimori-Montesinos.
Nos trae al recuerdo el triste paso por la fiscal de la nación, de Blanca Nélida Colán Maguiño, quien, durante su labor como fiscal entre 1992 y 1997, asumió la defensa legal de Vladimiro Montesinos, tras el autogolpe de Estado, incluyendo el caso de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias «Vaticano», relacionado con narcotráfico.
La magistrada Colán fue detenida en 2001 y procesada judicialmente por actos ilegales contra la Constitución y los delitos de encubrimiento real, omisión de denuncia, falsedad genérica y encubrimiento ilícito. Fue condenada ese año y estuvo recluida en el penal de Santa Mónica entre 2001 y 2008; luego, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le aplicó libertad condicional.
En esta misma columna hace años venimos indicando que el Ministerio Público debe ser reorganizado, por los casos arriba expuestos. Está manos del Congreso y poder Ejecutivo llevar a cabo esta reorganización por el bien del Perú.
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