A casi un año del colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, la multa impuesta por Indecopi no devuelve vidas ni borra el dolor de las familias, pero sí deja un mensaje claro: la negligencia en espacios de alta concurrencia tiene consecuencias. Seis personas murieron y más de 80 resultaron heridas en un lugar que debía ser seguro. Ese dato, por sí solo, debería bastar para entender la gravedad de lo ocurrido.
La sanción de más de siete millones de soles responde a fallas básicas: no se tomaron medidas preventivas, no existían protocolos de atención inmediata y no se informó a tiempo a las autoridades de emergencia. No hablamos de errores técnicos sofisticados, sino de omisiones elementales en un centro comercial que recibe miles de personas a diario. La seguridad no puede ser un trámite ni un documento archivado.
Resulta preocupante que, tras una tragedia de esta magnitud, la empresa rechace la multa alegando falta de sustento técnico. Indecopi no sanciona causas estructurales desde el enfoque penal, sino conductas frente al consumidor: prevenir riesgos, reaccionar ante emergencias e informar con transparencia. En esos tres puntos, el fallo es claro: Real Plaza no cumplió.
Los acuerdos de compensación mencionados por la empresa tampoco sustituyen la responsabilidad institucional. Ayudar después del desastre no corrige la falta de prevención antes del desastre. La protección al consumidor no se mide solo en indemnizaciones, sino en la obligación de garantizar que un espacio comercial no se convierta en una trampa mortal.
Este caso debería marcar un antes y un después. No solo para Real Plaza, sino para todos los centros comerciales del país. La multa llega tarde, pero la lección no debería ignorarse: cuando la seguridad se descuida, el costo no se mide en UIT, sino en vidas humanas.
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