El asesinato de Andrea Vidal, una joven abogada del Congreso, y del taxista venezolano José Daniel Vargas Briceño, revela no solo un trágico episodio de violencia, sino también un entramado de corrupción sobre una presunta red de prostitución operando dentro del Parlamento. Mientras nacen rumores que apuntan a que el verdadero objetivo del ataque era José Daniel, las circunstancias que rodean la muerte de Andrea Vidal, vinculada a estas graves irregularidades, no dejan de generar inquietudes.
¿Estamos ante un caso de inseguridad ciudadana como explicaron en un post de X del Congreso o es una historia mucho más compleja que aún no se quiere destapar?
José Vargas Briceño, hermano del taxista asesinado, rechaza tajantemente la versión oficial que señala que el ataque iba dirigido a José Daniel. “Lo que más quisiera es que se sepan los culpables. Es raro, por las tantas hipótesis que han dicho, que las cámaras no funcionaban. El atentado no era contra mi hermano. En la Dirincri revisaron los dos celulares de mi hermano y no encontraron nada”, declaró a Contracorriente. Este testimonio pone en evidencia las fisuras de una investigación que parece más interesada en cerrar el caso que en profundizar en los verdaderos móviles del crimen.
Las muertes de Andrea Vidal y José Daniel Vargas son una prueba dolorosa de que la inseguridad y la corrupción van de la mano en el Perú. Si las autoridades no son capaces de esclarecer este caso con transparencia y justicia, seguirán alimentando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Andrea Vidal no puede convertirse en un nombre más en la lista de víctimas ignoradas, ni José Daniel en una excusa conveniente para evadir responsabilidades.
Este caso no solo exige justicia; demanda respuestas claras, porque está en juego la imagen del Congreso al presumirse que fue el lugar idóneo de una presunta red de prostitución y no el espacio para elaborar leyes justas para los peruanos.