El ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, intenta proyectar una imagen de firmeza legal, pero las críticas e investigaciones que arrastra hacen más ruido que sus declaraciones. Desde que asumió el cargo, su trayectoria profesional ha sido cuestionada por presuntas irregularidades durante su paso por instituciones públicas, y aunque asegura actuar dentro del marco legal, el peso de sus antecedentes lo persigue como una sombra incómoda.
Cavero niega con insistencia haber cometido actos indebidos, aclarando que sus decisiones en el Gobierno Regional del Callao y en el Ministerio de Transportes se realizaron conforme a derecho.
Sin embargo, la realidad judicial es menos complaciente: 14 procesos fiscales abiertos, cuatro de ellos aún en curso, entre los que figuran acusaciones por abuso de autoridad, colusión y apropiación ilícita. Su nombre aparece además vinculado a la ejecución irregular de obras públicas financiadas por los programas Trabaja Perú y Avanza Perú.
El problema no es solo legal, sino ético. ¿Puede un ministro de Justicia —el encargado de promover la transparencia y velar por los derechos humanos— ejercer su cargo mientras enfrenta procesos por delitos contra la administración pública? Aunque la presunción de inocencia debe respetarse, la confianza ciudadana se erosiona cada vez que un funcionario bajo investigación ocupa los más altos niveles del Estado. El mensaje que recibe la ciudadanía es contradictorio: se pide justicia desde un despacho donde la justicia aún no se aclara.
Cavero insiste en que confía en el sistema judicial y en el debido proceso, y eso está bien. Pero el país no necesita solo ministros que confíen en la justicia, sino funcionarios que representen su ejemplo. En tiempos de descrédito institucional, la verdadera legitimidad no se sostiene con comunicados ni conferencias, sino con coherencia. Si el Ministerio de Justicia quiere recuperar autoridad moral, debe empezar por garantizar que quienes lo dirigen no sean parte del problema que dicen combatir.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
