La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de cuestionar la validez de las pruebas extraídas de Drousys y My Web Day B vuelve a poner sobre la mesa un problema que trasciende a Alejandro Toledo: ¿qué ocurre cuando una investigación internacional utiliza evidencias cuya obtención es posteriormente cuestionada por irregularidades? 

La justicia pierde peso porque en Brasil advierten que en Perú se usaron pruebas al margen de las garantías legales, pero tampoco puede ignorarse el enorme impacto que una decisión de este tipo puede generar en procesos de corrupción que involucraron a varios países.

Toledo puede encontrar en esta resolución un nuevo argumento para su defensa, pero sería apresurado sostener que el fallo brasileño automáticamente borra todo el caso peruano. 

La propia información señala que todavía debe cumplirse un trámite oficial para que la decisión sea comunicada a las autoridades peruanas y, recién entonces, corresponderá determinar qué consecuencias procesales puede producir. Aquí está el verdadero desafío: separar las responsabilidades que puedan sostenerse con pruebas válidas de aquellas que dependan exclusivamente de elementos ahora cuestionados.

Más allá del nombre de Toledo, Odebrecht o cualquier otro investigado, este episodio debería servir para fortalecer la cooperación judicial entre países y no para debilitarla. La lucha contra la corrupción necesita investigaciones rigurosas, pero también procedimientos impecables. Si una prueba fue obtenida irregularmente, tendrá que responder ante la justicia quien corresponda; y si existen otras evidencias legítimas, estas deberán seguir su camino. La justicia no puede ser venganza ni impunidad: debe ser verdad, pruebas válidas y debido proceso.