Una noticia corre como reguero de pólvora durante los últimos días. La posibilidad de un incremento en las tarifas del agua potable ha generado diversas opiniones desfavorables pues se considera el momento menos adecuado ante la crisis que vive el país y se argumenta que solo agravará las necesidades de grupos poblacionales que apenas tienen acceso a este tipo de servicios.
Más allá de los argumentos presentados por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, además de los representantes de Sunass, el solo hecho que se quiera algún tipo de reajuste ya despertó la indignación de la ciudadanía. Aunque los funcionarios y representantes del Gobierno intenten brindar discursos llamando a la calma, existe mucha desconfianza en la labor de las empresas de saneamiento.
Por ello, resulta más que llamativo que se quiera incrementar los precios por el agua potable cuando existen todavía zonas en la ciudad que no tienen acceso al servicio básico durante las 24 horas. Todavía dependen del abastecimiento de camiones cisternas o de piletas comunales.
En pleno siglo XXI, el agua parece ser un derecho que todavía no alcanza para todos por igual. A esta situación debemos agregar que nuestros gobernantes poco o nada se preocupan en reducir la brecha de población que no cuenta con el acceso a agua potable. Prueba de ello es que hasta el año pasado, más de 3 millones y medio de personas aún no cuenten con servicio permanente, según Sunass.
Tan o más importante que hablar de reajustes tarifarios resulta señalar nuevas políticas para mejorar el abastecimiento y la infraestructura. A la par se debe hacer el llamado a malos ciudadanos que desperdician el recurso. El agua nunca dejará de ser importante para la sociedad.
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