El Ministerio de Educación propuso una reforma para ampliar vías de titulación en universidades. Abrir nuevas modalidades de titulación universitaria suena justo, pero también peligroso. En un país donde muchos títulos se compran, tesis se plagian y universidades lucran con la ilusión de movilidad social, flexibilizar el sistema sin controles férreos es abrirle la puerta al fraude académico con guantes blancos. ¿Quién validará las “trayectorias diversas”? ¿Con qué criterios se asegurará que no terminen titulándose improvisados, recomendados o parientes de algún rector? Lo que comienza como una reforma progresista podría convertirse en una coartada perfecta para el clientelismo y la mediocridad si no se legisla con rigor técnico y transparencia absoluta.
Si no se establece una fiscalización real —más allá del papel—, esta norma terminará alimentando el cáncer que la Sunedu y las reformas universitarias intentaron extirpar: la corrupción académica.
Ahora bien, no todo es sombra. El gran valor de esta iniciativa es que pone sobre la mesa una verdad que el sistema ignoró por años: no todos los estudiantes transitan por la universidad de la misma manera. Reconocer experiencias profesionales, prácticas extendidas y proyectos reales como vías legítimas para titularse puede ser un gran avance, siempre que no se confunda inclusión con permisividad. Si se aplica con criterios académicos serios y auditoría constante, esta reforma podría convertirse en una herramienta poderosa para democratizar el acceso al título y cerrar brechas sociales históricas.
Además, recordemos que la titulación en tiempos de IA ya no puede ser una tortura y no necesita mucho apoyo de reformas. Al punto que sería un pecado titularse sin usar las maravillas que ofrece la IA.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
