El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el Perú es el tercer país que más demandas tiene ante los organismos interamericanos de derechos humanos. Esto a raíz de la demanda realizada por el cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien indicó que se cometieron una serie de abusos contra su persona durante el juicio realizado por el Estado peruano.
Esta situación ha llevado al Gobierno a reimpulsar el grupo de trabajo intersectorial dedicado a mejorar la defensa jurídica del país. En buen cristiano, se trata de un conjunto de especialistas que aseguren que el Estado salga airoso ante acciones judiciales que inicien aquellos que consideran vulnerados sus derechos, esto a pesar de sentencias que arrastran desde hace varios años.
Resulta más que lamentable enterarnos de demandas como la planteada por los allegados a Polay Campos. Recordemos que el MRTA ha sido uno de los grupos que más terror sembró en el Perú y por ello ni siquiera cabría la posibilidad de darles algún respiro mientras purgan condena. En el caso del cabecilla terrorista todavía le quedan cerca de tres para cumplir los 35 años de cárcel.
Si nuestro país no se pone las pilas para defender lo concerniente a su ordenamiento jurídico pues tendremos a un Estado más endeble y sin la posibilidad de brindar las garantías mínimas en lo legal al ciudadano de a pie. Se necesitará plantear una estrategia firme de respuesta frente al terrorismo y los remanentes que en diferentes planos quieren hacerse notar.
Víctor Polay Campos fue, es y no dejará de ser terrorista, hay que estar preparados para evitar que el sistema de nuestro país se vea afectado por demandas como la suya que atentan contra los intereses del Perú.
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