Mientras millones de peruanos hacen malabares para llegar a fin de mes, los congresistas viven en una realidad económica completamente distinta, sostenida con recursos públicos.

Ser congresista en el Perú parece haberse convertido en mucho más que ejercer una función de representación política. El cargo viene acompañado de un conjunto de remuneraciones, asignaciones y beneficios que contrastan brutalmente con la realidad económica de millones de ciudadanos.

La remuneración mensual de un parlamentario es de S/15 600. A ello se agregan S/11 000 por asignación de función congresal y alrededor de S/2800 por la semana de representación, llevando estos conceptos a aproximadamente S/29 400 mensuales. Por si fuera poco, tienen dos gratificaciones anuales equivalentes a un sueldo completo (S/15 600 cada uno) en julio y diciembre. Un bono de instalación: S/15 600 que se otorga al inicio del periodo parlamentario para cubrir gastos de establecimiento en Lima. Además, compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a una fracción por año laborado que suele sumar entre S/50 000 y S/100 000 al finalizar el mandato y subsidio por fallecimiento hasta S/62 400 por gastos de sepelio ante la pérdida de familiares directos (cónyuge, hijos o padres).

Pero la lista no termina allí. Los parlamentarios cuentan seguro privado de salud, pólizas de seguro de asistencia médica familiar, así como seguros de vida y contra accidentes. Gastos de viaje: pasajes aéreos nacionales e internacionales por comisiones de servicio y viáticos con cargo a rendición.

La pregunta inevitable es: ¿qué trabajador peruano tiene un paquete de beneficios semejante?
Mientras un ciudadano común debe pagar de su bolsillo (si puede) su seguro médico, transporte, alimentación, educación de sus hijos y los gastos de un eventual sepelio familiar, el Estado termina financiando una serie de privilegios para quienes fueron elegidos precisamente para representar a ese ciudadano.

Y aquí está el verdadero problema: no se cuestiona que un congresista tenga una remuneración digna. Lo que resulta difícil de justificar es que, además de un sueldo elevado, tenga bonos, asignaciones, beneficios laborales y subsidios que parecen pertenecer a una realidad completamente alejada de la que vive el país.

El Perú tiene millones de ciudadanos que trabajan por salarios que apenas permiten sobrevivir. Familias que deben escoger entre comprar alimentos, pagar el alquiler, comprar medicinas o enviar a sus hijos al colegio. Trabajadores independientes que no tienen CTS, seguro privado ni gratificaciones. Jubilados que esperan meses para recibir atención médica.
Y frente a ellos aparece un Congreso que, en lugar de dar el ejemplo de austeridad, diseñaron sus propias condiciones de privilegio.

Esto no es solamente un problema de dinero. Es un problema de ética pública y de sensibilidad social. La política debería ser servicio, no privilegio.

Y cuando los representantes de una nación empobrecida reciben beneficios que millones de peruanos jamás tendrán, la distancia entre el Congreso y la calle se convierte en una verdadera bofetada a la pobreza del Perú.

El país necesita congresistas que tengan la decencia de preguntarse si sus privilegios son moralmente compatibles con la realidad de los ciudadanos a quienes dicen representar.