El pulso político desatado tras la negativa del Ministerio de Economía de acatar la Ley N.° 32581 —que fija una pensión de S/3500 para maestros jubilados— expone la peligrosa desconexión entre las promesas populistas del Congreso y la cruda realidad de las cuentas fiscales.
Por un lado, el reclamo de los docentes jubilados es éticamente comprensible tras décadas de postergación y frente a sueldos dorados injustificables en altos cargos del Estado; por otro, la advertencia del ministro Elmer Cuba sobre la inconstitucionalidad de una norma nacida sin respaldo presupuestal es sembrar la crisis económica del mañana.
El Congreso no puede ni debe usurpar funciones hacendarias convirtiendo las demandas sociales en decretos inviables que dinamitan la estabilidad macroeconómica del país.
Cuba indica que el dilema de fondo no radica en la falta de reconocimiento a la labor docente, sino en la irresponsabilidad de un sistema político que utiliza los derechos previsionales como moneda de cambio electoral. Emitir mandatos de gasto masivo sin un padrón técnico sostenible ni fuentes de financiamiento reales es una trampa populista que tarde o temprano erosiona el valor del dinero, dispara el déficit fiscal y compromete la caja pública. Si el Estado asume obligaciones impagables sin una reforma tributaria o un reordenamiento estructural previo, el resultado final será la asfixia financiera del propio aparato estatal, dejando sin recursos ni sostenibilidad las pensiones que pretenden dignificar.
En paralelo, la tibia propuesta del Ejecutivo de evaluar la fusión de dos o tres ministerios pequeños evidencia un tímido intento por recortar la grasa estatal, aunque insuficiente frente al monstruo burocrático que ahoga al país. Lo que el Perú exigen no es más confrontación legal estéril ni demagogia legislativa, sino un pacto fiscal maduro donde la justicia social camine de la mano del rigor técnico. La dignidad del magisterio no se conquista con leyes confiscatorias, sino con una gestión económica seria, transparente y capaz de ordenar las prioridades del Estado sin hipotecar el futuro del Perú.
