Un crimen en la madrugada del sábado 24 de mayo, en plena capital. Jorge Segundo López Romero, un trabajador de 75 años, fue asesinado de varios disparos mientras esperaba iniciar su jornada. Nadie intervino.
El asesino caminó hacia él, disparó y huyó en motocicleta. Lima despertó, pero no reaccionó. ¿Qué más debe pasar para que el Estado entienda que la violencia ya no respeta edad, zona ni condición?
La escena ocurrió en El Agustino, a solo minutos del corazón político del país. Cuatro casquillos de bala en el pavimento, y ninguna patrulla preventiva a la vista. El crimen fue limpio, preciso, planificado. Como si el miedo ya fuera costumbre. Como si las vidas fueran reemplazables. Pero Jorge no era solo un número más en las estadísticas: era un trabajador, un vecino, un ser humano que no merecía morir así.
No es un caso aislado. Los testimonios vecinales revelan que la zona ya había registrado episodios violentos.
Sin embargo, no hay patrullaje ni prevención. Las autoridades del Gobierno central parecen ausentes, pese a tener su sede en la misma ciudad donde esto ocurre. La falta de liderazgo y de estrategia se siente en cada esquina, en cada barrio olvidado por el sistema.
El Perú no puede seguir normalizando la muerte. La indiferencia también mata. Urge un plan nacional de seguridad ciudadana con enfoque territorial, humano y sostenido, que no se limite a operativos aislados ni a discursos cada 28 de julio. Mientras tanto, Jorge Segundo López Romero será recordado como otro rostro perdido en el ruido de los disparos... y del silencio del Gobierno.
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