Los sectores opositores a la presidente Keiko Fujimori han puesto en agenda para que ella conceda el indulto al expresidente a Pedro Castillo Terrones; y desde el la prisión el expresidente Alejandro Toledo ha solicitado una gracia presidencial e indulto humanitario argumentando que padece cáncer avanzado, problemas cardíacos graves, cuadros de sangrado severo, hipertensión, además de ansiedad y depresión.

Pedro Castillo fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Esta condena fue dictada el 27 de noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial, por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Mientras que Toledo ha recibido dos sentencias de la justicia: 20 años y 6 meses por el delito de colusión y lavado de activos por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur (caso Odebrecht) y 13 años y 4 meses por el delito de lavado de activos agravado vinculado a compras inmobiliarias con fondos irregulares (caso Ecoteva).

La solicituder que hace la izquierda con Jorge Nieto a la cabeza parece más un chantaje que pedido. Nieto dijo que: sino no hay indulto trabajará para vacar a la presidenta Keiko Fujimori. Mientras que el resto de líderes de la izquierda desean cumplir su promesa de indulto a Castillo que fue pactado antes de las elecciones generales, por ello han lograron una cuantiosa votación en Cajamarca y Juliaca.

En lo que respecta a Toledo, su abogado defensor ha  señalado un alto riesgo de infarto o derrame cerebral, sumado a indicios de deterioro cognitivo por su avanzada edad (81 años). 
En las redes sociales hay una gran campaña mediática a favor del indulto de Castillo, que no sería posible dar un indulto debido a que los abogados han apelado el fallo judicial y este caso tiene que seguir su curso legal.

Si el nuevo gobierno decidiera iniciar su gestión evaluando o concediendo un indulto a los expresidentes Alejandro Toledo o Pedro Castillo, cometería un grave error político. El mensaje que recibiría la ciudadanía sería que las primeras preocupaciones del poder no son la inseguridad, la crisis económica o la recuperación de la confianza en las instituciones, sino la situación judicial de quienes ejercieron el poder y hoy enfrentan procesos o condenas.

El Perú atraviesa una profunda crisis de credibilidad. En ese contexto, cualquier beneficio extraordinario para exmandatarios inevitablemente despertará sospechas de negociaciones políticas, pactos de impunidad o favores entre élites. Aunque el Ejecutivo tenga la facultad constitucional de evaluar estas solicitudes cuando corresponda, ejercer esa atribución al inicio del mandato erosionaría el capital político de un gobierno que necesita demostrar independencia y firmeza frente a la corrupción y el abuso de poder.

La justicia debe seguir su curso. Si existieran razones estrictamente humanitarias o legales que justifiquen un indulto, estas deben ser evaluadas con absoluto rigor, transparencia y sin presiones políticas. Pero convertir este asunto en una prioridad durante los primeros días de gobierno sería una señal profundamente equivocada para un país que exige igualdad ante la ley y autoridades comprometidas con el interés general, no con los privilegios de quienes alguna vez ocuparon Palacio de Gobierno.