La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y cualquier propuesta para enfrentarla merece un debate técnico, no político. En ese contexto, el planteamiento del diputado Harvey Colchado resulta relevante al recordar que la lucha contra el crimen organizado debe mantenerse bajo el liderazgo de la Policía, mientras las Fuerzas Armadas cumplen un rol de apoyo cuando las circunstancias lo requieran. La experiencia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal demuestra que la inteligencia y la investigación policial son las herramientas que permiten desarticular organizaciones criminales, más allá de la presencia militar en las calles.

La ciudadanía exige resultados inmediatos frente a la extorsión, el sicariato y las bandas criminales, pero ninguna estrategia será sostenible si no se fortalece la capacidad operativa de la Policía. Incrementar efectivos militares en el transporte público o en los penales puede generar una percepción temporal de control, aunque difícilmente atacará las estructuras financieras, logísticas y de inteligencia que sostienen al crimen organizado. La verdadera batalla se libra con policías especializados, tecnología, inteligencia y una adecuada administración de los recursos públicos.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de replantear la política de seguridad con decisiones basadas en evidencia y no en medidas de impacto mediático. El Perú necesita una Policía fortalecida, respetada y equipada para investigar, mientras las Fuerzas Armadas cumplen el papel que la Constitución les asigna. Combatir la delincuencia exige coordinación entre instituciones, liderazgo y estrategia. Porque la seguridad de los ciudadanos no puede depender de la improvisación, sino de un Estado capaz de anticiparse al crimen y recuperar la confianza de la población.