El archivo definitivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, no solo marca el fin de un proceso legislativo, sino que desnuda la relación de conveniencia entre el poder Ejecutivo y sectores clave del Congreso. La decisión, avalada por votos de Fuerza Popular, APP y otras bancadas, deja un mensaje político preocupante: el blindaje puede más que la transparencia.
Resulta inquietante que el informe técnico haya desestimado la investigación pese a las claras dudas generadas por los relojes Rolex no declarados, usados en eventos oficiales. No se trata solo de la procedencia de estos artículos de lujo, sino de la omisión en su declaración patrimonial, un requisito básico para cualquier funcionario público. El Congreso, lejos de investigar a fondo, optó por cerrar filas en torno a la presidenta.
Este caso, aunque simbólico, tenía una carga ética y política inmensa. La ciudadanía no pedía una sentencia inmediata, sino una investigación objetiva que permitiera esclarecer responsabilidades. Al archivar la denuncia sin mayor debate ni apertura al escrutinio público, el Congreso no solo protege a Boluarte, sino que envía una señal de impunidad institucionalizada.
El cierre del caso Rolex reafirma una de las críticas más persistentes de la población: que en el Perú, la ley no siempre se aplica con el mismo rigor para todos. Mientras miles de ciudadanos enfrentan sanciones por mínimas omisiones, las más altas autoridades pueden pasar por alto normas de transparencia sin mayores consecuencias. Hoy, más que nunca, el país necesita instituciones que respondan al interés público, no a pactos políticos.
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