El proyecto de ley 13404 abre un debate urgente: ¿Cómo enfrentar la manipulación digital sin limitar libertades? El uso de bots (robots informáticos que hacen tareas de manera automática) y cuentas falsas ya no es un rumor, sino una práctica extendida que distorsiona elecciones.
La iniciativa propone penas de hasta ocho años para quienes operen granjas de perfiles automatizados que influyan en el comportamiento electoral. La advertencia es clara: las redes sociales son hoy campo de batalla político.
Simular apoyo ciudadano, inflar tendencias o fabricar debates falsos afecta directamente el principio democrático de igualdad entre candidaturas. La percepción pública puede ser manipulada desde un teclado, sin control ni transparencia.
El proyecto diferencia expresamente la libertad de expresión del uso malicioso de automatización. Opiniones, críticas y debates genuinos quedan fuera del castigo. El blanco son los sistemas diseñados para engañar al electorado.
Una novedad es la posible anulación de candidaturas que se beneficien de estas prácticas. Este punto podría marcar un precedente histórico: responsabilizar políticamente a quienes recurren a apoyo digital fraudulento.
Sin embargo, el desafío será demostrar quién opera las granjas de bots y cómo se acredita el beneficio directo. Sin mecanismos técnicos robustos, el riesgo de arbitrariedad podría convertirse en un nuevo problema.
Regular la manipulación digital es necesario, pero debe hacerse con precisión quirúrgica. La tecnología avanza más rápido que las leyes, y proteger elecciones sin vulnerar derechos será la prueba más grande para el Congreso.
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