El estado de emergencia es el recurso del Gobierno que tiene para evitar el avance del desorden social y con la finalidad de preservar la tranquilidad. A esta situación llegamos ante la serie de protestas que siguen atentando contra la propiedad y la paz social. En ese sentido, nuestro país está a punto de romper una delgada línea que amenaza el desarrollo económico y social.
En ese marco, ahora las Fuerzas Armadas colaboran con la preservación del orden y de esta forma evitar que se repitan los saqueos del último martes. También se busca proteger las instituciones públicas y privadas y que no se repitan los daños en dependencias estatales como ocurrió con las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial en las localidades de El Pedregal y de Camaná.
En medio de esto esperemos que esta medida ayude en la preservación de la paz social y que quienes desean retomar sus actividades lo puedan hacer con normalidad.
El miedo es algo que debe evitarse si queremos salir de la crisis económica dejada por la pandemia,
a nivel nacional nuestros gobernantes están agotando las medidas para preservar el orden.
Lamentablemente, mientras en algunas regiones se retoma la normalidad, el descontento incrementa en otras, Puno (Juliaca), La Libertad y Cusco. Aunque el derecho a las protestas es válido, lo cierto es que todo hace indicar que existe una planificación detrás de estas manifestaciones, desde el gabinete ministerial advierten que el plan es de grupos terroristas y de narcotráfico que buscan destruir los locales de justicia y bloquear aeropuertos y carreteras, no parecen actos de manifestantes que buscan justicia.
Esperemos que el estado de emergencia sirva para recuperar la autoridad y el respeto por los derechos, porque donde hay saqueos y destrucción no está la sociedad civil organizada, sino la delincuencia.
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