Mientras casi 10 millones de peruanos viven bajo el umbral de la pobreza, la presidenta Dina Boluarte firmó un decreto que duplica su sueldo de S/15 600 a S/35 568 mensuales. Lo hizo sin previo aviso, sin debate público y sin sustento legal transparente. En un país donde el hambre es cotidiana y el desempleo golpea con más fuerza a los jóvenes, esta decisión resulta no solo inoportuna, sino insultante.
Desde el Congreso, congresistas de diversas bancadas han presentado ocho proyectos de ley para dejar sin efecto el aumento. Ruth Luque, Sigrid Bazán y Jaime Quito, entre otros, advierten que el incremento contraviene la Ley 28212, que fija un tope de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público: S/26 000. Además, argumentan que el presidente no puede acogerse al régimen del servicio civil, como intenta justificar el Ejecutivo.
Este caso va más allá de la legalidad: expone una profunda fractura entre la ciudadanía y su clase dirigente. Mientras la mayoría sobrevive en la informalidad, sin acceso a salud ni educación de calidad, la presidenta firma un decreto que beneficia únicamente a ella. La desconexión entre el poder y el pueblo es total. ¿Qué mensaje se le da a una generación que lucha por estudiar, emprender o encontrar trabajo?
Lo más grave es el símbolo que deja: una presidenta que, en el momento de mayor crisis económica y desconfianza institucional, opta por priorizar su beneficio económico. La ética pública no se mide en cifras, sino en actos. Este aumento, aunque disfrazado de formalidad, es una muestra de abuso de poder y falta de sensibilidad social.
Derogar el decreto es urgente, pero no suficiente. El país necesita recuperar la decencia en la gestión pública. Hoy, la ciudadanía exige no solo legalidad, sino equidad. Porque cuando la presidenta gana más, el pueblo no progresa: retrocede.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
