La semana que inicia nos encontramos con dos paralizaciones que comprometen sectores delicados del aparato estatal. En primer lugar, ya vivimos el paro convocado por los trabajadores del Ministerio Público y, a partir del miércoles 16 de octubre, los integrantes del Sutep se suman a la paralización de los transportistas.
En ambos casos, sus pedidos apuntan a temas en común como el incremento de presupuesto, mejores condiciones laborales que incluyan al acceso a mejores salarios. De la misma manera, hay puntos individuales de cada gremio. En el caso de los servidores del Ministerio Público se exigen derogar la Ley 32108 o también denominada Ley contra el Crimen Organizado.
Señalan que esta norma dificulta el trabajo del personal de Fiscalía en las labores de allanamiento de inmuebles presuntamente vinculados a un delito.
Otro punto como la mejora de infraestructura es algo inherente a ambos sindicatos. En el caso de Fiscalía sabemos el hacinamiento en el que trabajan diversos sectores. Aunque este problema, en parte se resolvió con la nueva sede en la avenida La Paz, existen otros sectores como Medicina Legal, fiscalías de Familia, entre otros, que todavía tienen necesidades.
En el caso de la Educación, demás está mostrar las denuncias que salieron a la luz sobre mal estado de colegios. Para muestra tenemos a instituciones educativas que siguen trabajando con aulas prefabricadas durante años.
El Gobierno tiene una tarea muy delicada para llegar a un consenso con ambas organizaciones gremiales. En ambos casos, sus dirigentes ya advirtieron que su medida de lucha se volvería indefinida si desde el Ejecutivo no hay una voluntad para resolver los problemas que afectan a nuestra sociedad.
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