La lucha contra la minería ilegal acaba de recibir uno de los golpes más duros a la confianza ciudadana. La detención de un fiscal especializado en materia ambiental y policías, investigados por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico de combustible para abastecer actividades ilícitas, confirma una realidad incómoda: el crimen organizado ya no solo enfrenta al Estado, sino que busca infiltrarse en él. Si quienes tienen la misión de perseguir el delito terminan colaborando con los delincuentes, la ciudadanía queda completamente desprotegida.

La minería ilegal mueve millones de soles y ha construido verdaderas redes de corrupción que trascienden regiones e instituciones. No basta con detener a quienes extraen oro al margen de la ley; detrás existe toda una estructura que financia, transporta, protege y alerta sobre los operativos. Cuando un fiscal o un policía, que juraron defender la ley, son señalados de brindar información reservada o facilitar el tránsito de cargamentos ilegales, el daño institucional es inmenso. No solo se afecta una investigación, también se destruye la confianza en la justicia y en las fuerzas del orden.

El Perú no derrotará al crimen organizado mientras existan autoridades dispuestas a vender la información, la protección o el poder que la ciudadanía les confió. 

Cada funcionario corrupto fortalece a las mafias y debilita la democracia. Recuperar la credibilidad de las instituciones exige sanciones ejemplares, investigaciones independientes y una vigilancia permanente para que el uniforme policial o la investidura de un fiscal vuelvan a representar honor, servicio y justicia, y no la sombra de la corrupción.