Se ha puesto en debate, nuevamente, la propuesta de pena de muerte para los abusadores de menores. Esta iniciativa cobra vigencia tras conocer sobre casos como el ocurrido con una adolescente en el distrito limeño de Villa María del Triunfo que asesinada por un sujeto que tuvo la frialdad de confesar su crimen ante las autoridades y familiares de la víctima.
La propuesta busca enfrentar un problema álgido que afecta a nuestra sociedad como es el abuso sexual de menores de edad. Sin embargo, lo cuestionable es que la presidenta Dina Boluarte y los miembros del poder Ejecutivo impulsen la iniciativa como una manera de desviar la atención ante otros problemas que afectan al gobierno.
Y es que uno puede pensar ello sobretodo cuando aparecen nuevas versiones de testigos que refuerza la teoría que la mandataria estuvo ausente de su cargo sin mayor explicación en junio del 2023. Estas personas indican que Dina Boluarte no estuvo presente físicamente en las sesiones de Consejo de Ministros y tampoco se apreció su imagen en la pantalla de la conexión virtual.
La alternativa de la pena de muerte cada cierto tiempo da vueltas entre los diversos estamentos de gobierno. Aparece y desaparece según la conveniencia de quienes la proponen. Este podría ser un nuevo ejemplo de ello.
Hay problemas a resolver de manera urgente en ambos sectores. Por un lado, tenemos la necesidad de un marco legal que ayude a una mejor sanción a los violadores de menores junto a la debida celeridad de los actores de justicia para atrapar a los abusadores. Por otro sector está el pedido de resolver la crisis de nuestro gobierno en torno al papel que juega la presidenta para resolver los destinos del país.