La reciente denuncia pública del vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, sobre la drástica reducción presupuestal a la institución debe encender todas las alarmas. No se trata únicamente de un recorte financiero, sino de una señal preocupante sobre posibles represalias políticas contra un órgano constitucional autónomo que, precisamente, tiene como misión investigar sin interferencias a los actores del poder. La independencia de la Fiscalía es un pilar democrático que no puede ser condicionado por intereses circunstanciales.
Cubas ha sido claro al señalar que la incomodidad de algunos funcionarios del Ejecutivo y del Congreso frente a las investigaciones abiertas en su contra podría estar detrás de esta decisión. Si esto se confirma, estaríamos ante un escenario muy grave: el debilitamiento deliberado de un órgano de control para garantizar impunidad. La solución, como bien apunta el vocero, no es asfixiar a la institución, sino que los servidores públicos actúen de forma íntegra y transparente, evitando dar razones para ser investigados.
Además de la cuestión presupuestal, preocupa la advertencia sobre la actuación de la Policía Nacional, a la que Cubas acusa de realizar detenciones sin el debido sustento legal. Si los agentes actúan fuera del marco de la ley para justificar operativos, se vulneran derechos fundamentales y se erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones. En una democracia sana, no puede haber espacio para detenciones arbitrarias ni para manipulaciones políticas disfrazadas de acciones de control.
En este contexto, resulta imperativo recordar que el respeto a la autonomía del Ministerio Público no es un favor que los gobernantes conceden, sino una exigencia constitucional. Atentar contra esa independencia no solo compromete investigaciones específicas, sino que debilita todo el Estado de derecho. La defensa de las instituciones no puede depender de intereses políticos momentáneos: debe ser un compromiso permanente de quienes creen en una democracia real.
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