La reciente presentación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2025 por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa ha encendido las alarmas entre miles de familias que habitan en asentamientos humanos, especialmente en distritos como Yura, Cerro Colorado y Socabaya. El comunicado oficial del Impla, lejos de tranquilizar, revela una preocupante estrategia de exclusión que parece más orientada a fines políticos que al desarrollo urbano sostenible.
¿Cómo puede hablarse de planificación metropolitana cuando se ha ignorado a la mayoría de los sectores populares? ¿Dónde están los estudios de campo que validen la exclusión de zonas consolidadas con servicios básicos? ¿Por qué se descalifica a los dirigentes vecinales que denuncian esta omisión, acusándolos de “manipular” a la ciudadanía?
La respuesta parece estar en la vieja práctica del “dame que te doy”. Al excluir a miles de familias del PDM, se les deja en una situación de vulnerabilidad legal y urbanística, lo que abre la puerta a promesas condicionadas: apoyo político a cambio de reconocimiento territorial. Esta táctica, además de inmoral, es peligrosa. Somete a los más necesitados a una lógica clientelista que perpetúa la desigualdad y debilita la institucionalidad.
El PDM debería ser un instrumento técnico, transparente y participativo. Sin embargo, la falta de socialización real, la ausencia de talleres en zonas afectadas y el tono intimidante del comunicado oficial —que deslegitima las voces críticas— evidencian un manejo autoritario del proceso.
Arequipa merece un plan que incluya a todos, no uno que se use como moneda de cambio electoral. La ciudadanía debe exigir que se amplíe el plazo de consulta, se realicen verdaderos talleres de socialización y se garantice que ningún arequipeño quede fuera del futuro de su ciudad por intereses políticos.
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