Petroperú atraviesa uno de los momentos financieros más delicados de su historia reciente. Un déficit de capital de trabajo de 1600 millones de dólares limita su capacidad para pagar a proveedores y cumplir compromisos básicos, afectando toda la cadena energética.
El Decreto de Urgencia 010-2025 confirma que la empresa estatal ya no puede sostenerse solo con apoyo fiscal.
El Gobierno descartó nuevas inyecciones de capital para no romper la regla fiscal, optando por una reorganización profunda.
Esta decisión no es menor. Entre 2022 y 2024, el Estado destinó casi 18,000 millones de soles a rescatar Petroperú, más de lo que reciben sectores clave como Salud o Educación. Aun así, las pérdidas continúan.
La estrategia oficial combina recorte de cargos ejecutivos, reorganización patrimonial y búsqueda de inversión privada.
ProInversión tendrá un rol central, incluso sobre activos estratégicos como la refinería de Talara.
Aquí surge la pregunta inevitable: ¿es esto una antesala a la privatización? La norma remite a dispositivos usados en los años noventa y la ley permite vender hasta el 49 % de acciones estatales.
No hay una respuesta cerrada aún. En los próximos 60 días se definirá el rumbo real de Petroperú.
La ciudadanía deberá estar atenta: no se trata solo de números, sino del futuro de la empresa energética de todos los peruanos. Pero, los últimos gerentes de Petroperú se dedicaron a trabajar solo pedir inyecciones económicas millonarias que hacen dudar del interés de los funcionarios en buscar el éxito de la empresa peruana.
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