Petroperú atraviesa una etapa crítica marcada por la reestructuración patrimonial y operativa impulsada por el gobierno, en medio de un debate político sobre su eventual privatización. La discusión se centra en si mantener la empresa bajo control estatal garantiza la seguridad energética del país o si, por el contrario, su sostenibilidad requiere abrir espacio a la inversión privada.
El Ejecutivo aprobó a fines de 2025 un decreto de urgencia que busca sanear las finanzas de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. La medida incluye la intervención de ProInversión para conducir el proceso de reorganización, lo que ha generado suspicacias en el Congreso, donde varios proyectos de ley intentan frenar lo que consideran una privatización encubierta.
Desde una perspectiva energética, Petroperú cumple un rol estratégico al garantizar el suministro en zonas donde la inversión privada no suele llegar. Sin embargo, su historial de problemas financieros y de gestión plantea dudas sobre la conveniencia de seguir sosteniéndola únicamente con recursos públicos. La reorganización actual busca darle viabilidad, pero también abre la puerta a una mayor participación privada.
El dilema es político y técnico: mantener a Petroperú como empresa estatal asegura control sobre un sector clave, pero implica asumir riesgos financieros recurrentes. Apostar por una apertura parcial al capital privado podría fortalecer su competitividad y aliviar al Estado, aunque conlleva el reto de preservar la soberanía energética. En este escenario, la decisión no debería centrarse en ideologías, sino en un análisis pragmático de costos, beneficios y sostenibilidad a largo plazo.
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