La empresa Petroperú mantiene en vilo a los sucesivos gobiernos de los últimos 20 años. Envuelta en diversos escándalos y crisis económica, en muchos casos despertó los pedidos de cerrarla debido al perjuicio que generaría al Estado peruano.
Uno de los escándalos más sonados ocurrió en el segundo gobierno de Alan García con los denominados ‘petroaudios’. Aquella vez, una grabación mostraba cómo directivos de la entidad estatal negociaban a cambio de apoyar a una empresa noruega a ganar licitaciones y de por medio había los ‘honorarios de éxito’. Todo ello derivó además en una crisis política que originó la renuncia del Gabinete Ministerial y muchas dudas sobre el manejo de Petroperú.
En el gobierno de Pedro Castillo también la sombra de la corrupción se extendió a la empresa de hidrocarburos. Está pendiente la investigación por una presunta organización criminal que alcanza al exmandatario. Todavía están por conocerse más detalles de los manejos turbios que presuntamente se realizaron en esta golpeada entidad estatal.
De otro lado, durante los últimos años, se dieron una serie de rescates financieros que apuntan a ayudar a la empresa a solucionar deudas con sus proveedores. Para este año se proyectaba solicitar uno nuevo, pero desde el Gobierno dijeron que no. A la par, el Ejecutivo busca alternativas para rescatar a Petroperú del sótano en el cual se encuentra durante los últimos tiempos.
Así llegamos al presente. Necesario resulta conocer la realidad a fondo de Petroperú. Los pedidos de ayuda financiera, sumados a presuntos actos de corrupción, solo hacen dudar de la capacidad del Estado de saber administrar sus organizaciones. Ello solo afecta a la población que día a día contribuye con sus impuestos a sostener el aparato estatal aún a costa de una severa crisis económica.