El dilema existencial de los peruanos durante los 204 años de república se alimentó siempre de temas recurrentes, como el racismo y las profundas diferencias sociales, culturales, económicas y de conocimientos.
Durante el primer siglo de vida republicana, los allegados al Virreinato tuvieron como principal dilema, preservar y hasta acrecentar sus privilegios; en tanto el 85 % de los demás compatriotas, afincados principalmente en el Ande y la Amazonía, tuvieron como dilema principal, buscar explicaciones al por qué eran ciudadanos de tercera clase.
Durante los últimos cien años, los dilemas se van agravando, porque a las causas originales se sumaron otras nuevas, fruto de la sociedad de consumo y el crecimiento desmesurado de las ciudades y la reducción drástica de la población rural.
En artículos pasados sustentamos que la ausencia de estadistas en la conducción de nuestros gobiernos alimentaba la debacle, porque sin gobernantes sabios, probos y patriotas, las posibilidades de unificar a los 34 millones de peruanos hacia un horizonte de bienestar moral, económico y social son muy escasas.
Quizá el dilema existencial más trascendente sea la ausencia de valores sociales primarios en la gran mayoría de compatriotas, razón por la cual los gobernantes que se eligen resultan delincuentes de 7 suelas. El ejemplo más saltante lo tenemos en los 4 expresidentes sentenciados y encarcelados, en un quinto que falleció cumpliendo condena de prisión perpetua y otros 2 con juicios iniciados. Expresidentes surgidos del Ande y la ciudad, de la opulencia y la pobreza más dramática. No olvidemos, por ejemplo, que Toledo tuvo 15 hermanos, 7 de ellos fallecidos prematuramente en su pueblito Ferrer. Caso similar al de Pedro Castillo, con 8 hermanos padeciendo hambre y limitaciones en su pueblito Puña.
Nuestro dilema existencial también lo constatamos cuando la población carcelaria llegó a 103 mil personas, sin contar otro tanto de condenados que están fuera de las prisiones, por causas procesales. De ellos, el 27 % están presos por robo, el 16 % por violación sexual y otro 15.6 % por tráfico de drogas. Paradójicamente sólo el 1.3 % lo están por el delito de extorsión, el que está generando el mayor daño moral, económico y existencial en el país.
El pueblo soporta un grave decaimiento de fe y confianza en sus instituciones tutelares. El desprestigio se ha generalizado al punto de que José Jerí, en un mes de gobierno sustitutorio, obtuvo el 56 % de apoyo popular, en clara demostración del desprecio que han generado instituciones como el congreso elegido el 2021, con su 3 % de apoyo popular.
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