El periodismo de investigación sigue demostrando su papel fundamental en la vigilancia del poder. La reciente denuncia de Diario Viral sobre los presuntos favorecimientos en la Municipalidad Distrital de Socabaya han puesto en jaque a la gestión del alcalde Roberto Muñoz Pinto y han obligado a la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción a intervenir. Estos hechos, que de otra manera podrían pasar desapercibidos, hoy generan cuestionamientos legítimos sobre el uso de los recursos públicos.
El favoritismo en las contrataciones públicas no es novedad, pero sigue siendo indignante. Empresas sin experiencia, que de la noche a la mañana acceden a contratos millonarios, proveedores con vínculos políticos y autoridades que, en lugar de rendir cuentas, optan por el silencio. La corrupción en los gobiernos locales no se disfraza de grandes escándalos, sino de estos pequeños arreglos que terminan costándole caro al ciudadano.
La relación entre el alcalde y la proveedora Adeli Jiménez Oviedo, cuya empresa facturó más de S/2.5 millones a pesar de su inexperiencia, es solo una muestra de cómo la política y los negocios suelen entrelazarse en las gestiones municipales.
El impacto de estas revelaciones ha sido tal que hasta su propio movimiento político, Arequipa Avancemos, marcó distancia y demuestra que cuando un caso se vuelve insostenible, hasta los aliados prefieren salvarse solos. Pero, más allá de los deslindes, lo importante es que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. No basta con un revuelo mediático, se necesitan sanciones reales.
La corrupción se sostiene en la opacidad y en la indiferencia, pero tambalea cuando la verdad se hace pública. Ahora es tarea de la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría determinar si hubo colusión o negociación incompatible en estos contratos. Lo que está en juego no es solo la imagen de un alcalde, sino la confianza en las instituciones que administran los recursos de todos.
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