El asesinato del periodista Fernando Núñez (director del portal Kamila Noticias) en Pacasmayo en región La Libertad confirma una tendencia alarmante: ejercer el periodismo en el Perú es cada vez más riesgoso. Tres reporteros asesinados en 2025 y más de cien agresiones documentadas revelan un entorno hostil donde informar puede costar la vida.
El caso de Núñez, sumado a las amenazas y hostigamiento contra ocho periodistas que investigaron presuntos actos de corrupción del entorno presidencial, demuestra que las agresiones no provienen solo del crimen organizado. También existe presión estatal, vigilancia indebida y procesos judiciales que buscan intimidar a quienes investigan el poder.
Fernando Núñez fue atacado por sicarios cuando retornaba con su hermano de una cobertura periodística en la carretera Panamericana Norte.
La reacción de los gremios periodísticos del país y del mundo exige un mensaje claro: proteger la libertad de prensa es proteger la democracia. No se puede permitir que la violencia, la impunidad o el abuso institucional conviertan a los periodistas en objetivos silenciosos.
El Estado debe garantizar investigaciones rápidas y transparentes, reforzar la seguridad de quienes informan y sancionar tanto a autores materiales como a quienes ordenan estos ataques.
Sin justicia, el país corre el riesgo de normalizar la violencia y dejar al Perú sin una prensa libre capaz de fiscalizar, esa acción no daña al justo, solo contribuye a un país libre de la corrupción.
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