La temporada de fiestas decembrinas se debería caracterizar por días de paz, amor, unión y bien común; sin embargo, hemos sido testigos de la barbarie: el cuerpo sin vida de una niña de 12 años fue hallado en una vivienda de Villa María del Triunfo. Ni corta ni perezosa y frente a la bajísima aceptación popular que todas las encuestas le dan, a la señora Boluarte no se le ocurrió mejor idea que plantear la pena de muerte para los violadores y asesinos de menores de edad.
Este tema no es nuevo en nuestro país, hace años se planteó y más o menos decía lo que ahora nuevamente repito: desde una perspectiva sociológica, el análisis de Émile Durkheim sobre el derecho ofrece una distinción fundamental entre dos tipos de sistemas jurídicos: el derecho represivo y el derecho restitutivo, que representan etapas evolutivas diferentes en el desarrollo de las sociedades humanas. En sociedades primitivas caracterizadas por la solidaridad mecánica, predomina el derecho represivo, cuya función principal es eminentemente punitiva, castigando de manera severa conductas consideradas criminales y expresando una fuerte defensa de la unidad social, con una marcada tendencia a aplicar penas extremas como la pena de muerte.
Este modelo jurídico refleja una estructura social homogénea donde la cohesión se mantiene mediante mecanismos de control drásticos que buscan eliminar cualquier elemento percibido como una amenaza para la integridad del grupo. En contraste, las sociedades más complejas y modernas, caracterizadas por la solidaridad orgánica, desarrollan un derecho restitutivo que se distingue por su objetivo de restaurar el orden social, reparar el daño causado y reintegrar a las partes afectadas, utilizando leyes y códigos como mecanismos de regulación. Este sistema jurídico más avanzado busca principalmente restablecer el equilibrio social mediante procesos de mediación, compensación y rehabilitación, en lugar de aplicar castigos ejemplarizantes.
El progreso hacia el derecho restitutivo indica un mayor grado de evolución social, reflejando una división del trabajo más especializada y compleja, donde la diversidad y la interdependencia reemplazan la uniformidad y la rigidez de las sociedades primitivas. La transformación jurídica se convierte así en un indicador fundamental de la madurez y sofisticación de una sociedad, evidenciando su capacidad para gestionar conflictos de manera más constructiva y menos violenta. Si el criminal mata, el Estado (todos nosotros) no podemos rebajarnos al mismo nivel y matar a las personas, que por muy horrendos que sea sus delitos siguen siendo seres humanos. Una estadista de verdad buscaría atacar las causas del problema y no sus consecuencias, lamentablemente el país está a la deriva.