Lo ocurrido en la bocamina Papagayo, en Pataz, no es un hecho aislado ni una simple disputa entre delincuentes. Es la expresión más cruda de un Estado ausente en territorios dominados por economías ilegales.
Tres personas murieron en un enfrentamiento armado en una zona donde la minería ilegal ha reemplazado a la autoridad. Allí, el control no lo ejerce la ley, sino la violencia, el dinero ilícito y la impunidad prolongada.
La minería ilegal no surge de la noche a la mañana. Se expande cuando el Estado renuncia a gobernar el territorio, cuando la fiscalización es débil y cuando las competencias entre niveles de gobierno se diluyen en culpas compartidas.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales señala al Ejecutivo por falta de estrategia. El Ejecutivo, a su vez, responsabiliza a gobiernos regionales y locales por no regular la minería artesanal. Mientras tanto, los muertos se acumulan.
Este cruce de acusaciones revela una falla estructural: la lucha contra la minería ilegal carece de liderazgo claro, coordinación real y resultados medibles. Cada nivel del Estado señala al otro, pero ninguno logra recuperar el control.
La autonomía regional no puede ser excusa para la inacción, pero tampoco el centralismo puede lavarse las manos. Regular, fiscalizar y proteger la vida requiere trabajo conjunto, no discursos posteriores a cada tragedia.
Pataz muestra lo que ocurre cuando el oro vale más que la vida. Mientras no se enfrente la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, estos episodios seguirán repitiéndose con nuevos nombres y las mismas víctimas.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
