Hace quince años, se reúnen en Arequipa, los más destacados expertos, profesionales y representantes de la industria minera del Perú y el mundo. Perumin es un evento minero que se realiza desde 1954, pero sus promotores eligieron la región como sede permanente en 1995.
El rol y participación importante de la región en el desarrollo de la minería, además de sus cualidades y calidad en la oferta de servicios diversos, atractivos turísticos, gastronómicos, infraestructura y transporte pesaron a favor de Arequipa para ser elegida como sede por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
La convención minera es uno de los eventos de mayor trascendencia incluso a nivel global en el campo de la minería, y motivo de celebración para las autoridades locales y quienes están directamente vinculados a la actividad turística porque reactiva la economía, generando empleo temporal.
No todo es celebración alrededor de la convención, una vez más las arengas contra la extracción de minerales rodean el evento, la minería no es la mejor opción para quienes exigen la protección de sus cuencas y su producción agrícola.
El pasado los condena y cubre de absoluta desconfianza a los mineros, y a un Estado débil que no es capaz de sentar las bases para un diálogo en igualdad de condiciones, con acuerdos que se respeten y preserven recursos naturales como el agua y proteja los derechos y saberes de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
Un año antes que Arequipa albergue a los mineros del mundo, Southern Peru anunció la exploración de Tía María con sus dos yacimientos Tía María y La Tapada, 29 años después; la explotación no comienza.
Zafranal, proyecto ubicado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, en Castilla y Caylloma, que cuenta con Estudio de Impacto Ambiental en fase de evaluación, también provoca el rechazo de algunas organizaciones sociales.
El incremento de recursos por canon y regalías mineras es un beneficio innegable, pero no es suficiente; sobre todo para las comunidades del entorno de las minas, que lidian con el uso indiscriminado del agua, contaminación ambiental e intromisión en sus organizaciones, además de no haber sido atendidos por el Estado en sus necesidades como salud, educación, vivienda y servicios básicos de agua, desagüe, electrificación y el desarrollo de sus actividades productivas. Esta es también la agenda pendiente de discusión.
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