La reciente aprobación de la ley que amplía el financiamiento privado para los partidos políticos y permite aportes confidenciales es, sin duda, un retroceso para la transparencia y el fortalecimiento democrático en el Perú. La posibilidad de que individuos o empresas puedan realizar aportes “confidenciales” a través del Banco de la Nación, como establece el polémico artículo 30-C, debilita los principios de rendición de cuentas y abre la puerta al clientelismo y al financiamiento ilícito. En un país donde los escándalos de corrupción han marcado la política, esta norma no garantiza la fiscalización adecuada que exige la ciudadanía.
Por otro lado, el aumento de los límites de financiamiento privado a 200 UIT anuales por persona y hasta 500 UIT para aportes a múltiples partidos plantea serios riesgos de inequidad electoral. Esta medida favorece a las organizaciones con mayor capacidad para atraer capital privado, dejando a los partidos más pequeños y con menor respaldo financiero en desventaja. La democracia debe garantizar igualdad de condiciones para todos los actores políticos, y este cambio podría consolidar un sistema en el que el dinero define quién tiene más posibilidades de influir en las decisiones públicas.
Finalmente, aunque algunos congresistas defienden la medida argumentando que fortalece el derecho a la participación política, esta reforma se contradice con principios esenciales del sistema democrático. Como bien señala la ONPE, el financiamiento público tiene como objetivo exclusivo promover el funcionamiento, la formación y la difusión ideológica de los partidos, no cubrir gastos legales de sus dirigentes. Este uso distorsiona los recursos del Estado y desvía el propósito original de la norma. En este contexto, más que reformar por reformar, el Congreso debería priorizar leyes que refuercen la transparencia, promuevan la equidad y restauren la confianza ciudadana en las instituciones políticas.
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