Los demócratas nos inclinamos por la movilización democrática de ciudadanos/as, por la protesta pacífica de los pueblos, y por la participación vecinal informada, organizada, planificada y realizada, ante el Estado en sus tres niveles de Gobierno: local, regional y nacional. No aprobamos, más bien rechazamos, las acciones violentas, destructivas y atentatorias contra la vida, salud, medio ambiente y derechos fundamentales de las personas.
La sociedad civil, en nuestro grandioso Perú, cuenta con una abundante normatividad jurídica a su favor: Constitución Política del Perú: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”. (art. 2.17). “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación”. (art. 31).
Asimismo, se tiene la siguiente legislación, entre las principales: Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley de Presupuesto Participativo; Ley de Bases de la Descentralización; Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y Ley que autoriza la ejecución de Intervenciones de Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
Si la sociedad civil, conociera, implementara y ejecutara, esta legislación tendría todo lo que requiere para resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades y plasmar sus aspiraciones. Eso nos falta, ejercer ciudadanía.
Aplicando, la legislación citada, haríamos del Estado disfuncional, un Estado efectivo; de la burocracia indolente, un cuerpo de funcionarial productivo; por ende, habría gobernabilidad y gobernanza.
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