La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía advierte que la minería ilegal provoca pérdidas superiores a 6200 millones de dólares anuales en el Perú. A ese daño económico se suman la destrucción ambiental, la violencia criminal y la caída de la inversión formal.
Aun así, el Congreso volvió a debatir la ampliación del Reinfo, pese a que este mecanismo ha demostrado ser incapaz de formalizar y muy eficaz para detener procesos penales. A nivel nacional, declaró el constitucionalista Natale Amprimo, sobre la insistencia parlamentaria que es “abiertamente inconstitucional” y profundiza la crisis económica y ambiental del país.
Amprimo recuerda que el Tribunal Constitucional fue categórico: el proceso de formalización no puede convertirse en una inmunidad penal encubierta. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Con más del 98 % de inscritos sin formalizar, el Reinfo se ha transformado en una pausa indefinida que permite seguir operando sin cumplir estándares ambientales, laborales ni tributarios. El abogado advierte que pretender ampliar este régimen equivale a ignorar deliberadamente el mandato del TC y dejar desprotegidos bienes esenciales como el medio ambiente, la recaudación fiscal y la seguridad en zonas mineras.
Desde el Congreso, varias bancadas insisten en la prórroga sin presentar resultados ni un plan realista de formalización. Para Amprimo, esto no responde a criterios técnicos, sino a cálculos políticos y electorales en regiones donde la minería informal sostiene redes económicas y clientelares. En la práctica, el Parlamento estaría legislando en favor de un sistema que frena inversiones formales, destruye suelos agrícolas y alimenta economías criminales. Replicar la misma medida esperando resultados distintos es, además de irresponsable, una carga económica que recae sobre los ciudadanos.
Mientras tanto, la minería ilegal se expande en Madre de Dios, Puno, La Libertad y Piura; destruye bosques, contamina ríos y financia organizaciones criminales que controlan territorios. La formalización real no avanzará mientras el Estado prefiera extender registros inútiles en lugar de diseñar políticas integrales, financiadas y con articulación territorial. Frente a un problema que mueve miles de millones de soles y supera la capacidad estatal, el país necesita decisiones firmes, no parches legislativos que convierten una emergencia nacional en una oportunidad política.
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