La contratación de 64 abogados por S/670 364 busca agilizar expedientes disciplinarios contra docentes denunciados, pero el verdadero desafío es garantizar protección inmediata a los escolares y evitar que las investigaciones se prolonguen durante años.

El anuncio del Ministerio de Educación merece atención, pero también una pregunta inevitable: ¿por qué se necesitan recursos adicionales para evitar que tantos expedientes permanezcan sin resolución durante largos periodos? La violencia sexual contra estudiantes exige una respuesta institucional rápida, rigurosa y sensible a las víctimas. Ninguna denuncia debe perderse entre trámites, documentos acumulados y responsabilidades que pasan de una oficina a otra. La protección escolar no puede quedar subordinada a la lentitud burocrática.

La contratación de especialistas puede contribuir a resolver los casos pendientes, siempre que existan objetivos verificables, supervisión efectiva y rendición de cuentas. No basta con anunciar presupuesto ni incorporar abogados por dos meses; es necesario conocer cuántos expedientes avanzan, cuáles se resuelven y qué mecanismos impedirán que vuelvan a acumularse. También debe garantizarse la separación preventiva cuando corresponda, sin confundir esa medida con una sanción definitiva ni vulnerar el debido procedimiento. La prioridad debe ser proteger a los estudiantes y determinar las responsabilidades con rigor.

Las UGEL, las direcciones regionales y el propio Minedu tienen obligaciones concretas que no pueden diluirse entre competencias administrativas. Los directores deben activar los protocolos, comunicar los hechos a las autoridades correspondientes y asegurar el acompañamiento de las víctimas. Las instituciones deben actuar con diligencia, no esperar a que la presión pública las obligue a reaccionar. Cuando una denuncia compromete la seguridad de un menor, cada demora puede agravar su vulnerabilidad y debilitar la confianza de las familias en el sistema educativo.

La verdadera medida del éxito no será cuánto dinero se transfirió ni cuántos especialistas se contrataron, sino cuántos casos se atendieron oportunamente y cuántos estudiantes quedaron efectivamente protegidos. El Estado tiene que demostrar que puede investigar con celeridad, sancionar cuando se acrediten responsabilidades y prevenir nuevos hechos. Porque en las escuelas no basta con prometer tolerancia cero: hay que convertir esa promesa en procedimientos eficaces, resultados transparentes y protección real.