El tiempo se agota para el Gobierno en la búsqueda de lograr la paz social. Las protestas siguen desbordando el límite en diversas regiones y ello se ve traducido en bloqueos de vías y marchas de pobladores que buscan la salida de la presidenta y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones.
La semana pasada la presidenta Dina Boluarte, en mensaje a la nación, señaló que no renunciará. De igual forma, pidió al Congreso que adelante la segunda votación que ayudaría definir el adelanto de elecciones generales. También hizo un llamado a la tranquilidad de quienes promueven estas manifestaciones para evitar más desmanes.
En esa línea, este domingo, mediante decreto supremo, se oficializó la declaratoria de emergencia en cuatro regiones del país. Esta medida rige por 30 días calendario y, entre otras medidas, levanta algunos derechos fundamentales como el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio. La idea sigue siendo resguardar el orden y garantizar la seguridad en regiones que durante los últimos días estuvieron muy convulsionadas y que ingresan en la declaratoria: Cusco, Puno, Lima y Callao.
De la misma forma, las acciones para desbaratar los intentos de grupos violentistas apuntan a acabar con quienes se infiltran en las protestas para simplemente causar daño, y sin importarles si las víctimas tienen familia y si la propiedad estatal y privada merecen respeto de todos.
Veremos si la declaratoria de emergencia permite acabar con esta convulsión. Mientras tanto, hay grupos de manifestantes que se dirigen de regiones a la capital para apoyar las manifestaciones contra un gobierno que ronda el 70 por ciento de desaprobación de acuerdo a una encuestadora nacional.
Ojalá que esto pueda revertirse por el bien de nuestro Perú.
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