Hace 490 años Nicolás Maquiavelo revolucionó lo que en ese entonces se entendía por política, al separarla definitivamente de la ética. No es que no debiera existir un comportamiento ético en el político, eso es lo ideal, lo deseable; sin embargo, los políticos, no solo de la época de Maquiavelo, sino antes y después, en la práctica nunca han guiado su actuar bajo los principios de la ética y/o la moral. Maquiavelo no hace más que describir la manera en que los políticos actúan y la forma en que en la realidad concreta se practica la política. Casi 500 años después, creo necesario una nueva separación, un nuevo punto de quiebre: hoy en día es necesario que la política se separe definitivamente del derecho.
¿Por qué es necesaria esta separación? Nuevamente, teóricamente la política y el derecho deberían ir de la mano: el actuar del político debería estar guiado por el ordenamiento jurídico; sin embargo, en la realidad eso no sucede. Veamos solamente algunos ejemplos de nuestra realidad. Esta semana se aprobó en la subcomisión de acusaciones constitucionales el dictamen que acusa al presidente Castillo del delito de traición a la patria solamente por emitir una opinión en un medio internacional (dijo que habría una posibilidad de dar salida al mar a Bolivia, previa consulta popular).
Casi todos los constitucionalistas y abogados serios han manifestado que no existe ningún delito de traición a la patria, y que dar una opinión no puede ser considerado como un delito. Es más, el procurador del Congreso no supo defender bien esa denuncia ante el Tribunal Constitucional (seguramente porque tampoco estaba convencido del supuesto delito).
Habría que preguntarnos ¿Qué acto en concreto realizó el presidente Castillo para darle territorio a Bolivia y que afecte la soberanía nacional? Pues, ninguno, nada nadita: ni un decreto supremo, ni un acuerdo de consejo de ministros ni nada.
Legalmente no hay base ni fundamento para acusar al presidente de traidor a la patria; pero eso no importa, si se tienen los votos (como se tuvieron), se aprueba una acusación ilegal. Una confirmación más que la política, por lo menos en este país, está alejada del derecho: lo único que importa es tener mayoría, así la norma o sanción sea descabellada, jurídicamente hablando.
Y como el anterior, hay muchos más ejemplos de la manera antojadiza y perversa en que este Congreso hace interpretaciones antojadizas de la ley porque tienen, en ciertas instancias, los votos. La dictadura de la mayoría se viene imponiendo, la derecha cada vez más achorada que nunca.