Dina Boluarte sigue confundiendo legalidad con legitimidad. La primera la tiene, ya que luego del golpe de Estado dado por el expresidente Pedro Castillo y al ser éste vacado por el Congreso, ella asume la presidencia de la república. Sin embargo, la legitimidad no la tiene y dudo la vaya a conseguir, más aún luego de haber nombrado a una serie de abogados constitucionalistas cuya función sea darle legitimidad a su régimen.
El otrora crítico de Boluarte, Ernesto Blume, ha reconocido en una reciente entrevista radial que él mismo se acercó a conversar con el primer ministro para proponerle la idea de la creación de un comité consultivo de abogados que asesore a Boluarte; es decir, él mismo fue a pedir trabajo a Otárola (quien como todos sabemos, es el que toma las decisiones en este gobierno). Más allá de que la idea sea muy mala, lo interesante es la composición de dicho comité consultivo: 10 abogados con clara tendencia conservadora y alineados a los intereses de la derecha legislativa. Pero bueno, seamos sinceros, la marcada tendencia de derecha de los abogados no debería sorprendernos, dado que estamos frente a un gobierno de derecha. Lo que más llama la atención es la incongruencia (o hipocresía, para ser más coloquiales) de varios de esos abogados.
Solo para mencionar el mismo Blume Fortini, el expresidente del Tribunal Constitucional cuestionó a la mandataria tras descubrirse que tenía un cargo paralelo en el Club Departamental Apurímac en el 2022. Incluso, cuando el tema se debatía en el Congreso, en el año 2022, Blume manifestó su opinión indicando que para él, Boluarte debería ser separada del cargo de vicepresidenta y debería ser acusada constitucionalmente por ese delito. ¿Qué hizo cambiar a Blume de opinión? Según él, todo lo hace por el bien y la buena imagen del país; dudo de esas buenas intenciones. Por otro lado, varios de los actuales abogados integrantes de este comité consultivo cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganadores a la plancha presidencia de Perú Libre: Castillo y Boluarte. Ahora han cambiado de parecer y defenderán a capa y espada a quien hasta hace unos meses consideraban una usurpadora que llegó al poder producto de un fraude electoral ¿Es creíble el cambio?
Nadie hace nada a cambio de nada. Por más ad honorem que sea el cargo, algo buscan estos abogados, obviamente ligado a sus intereses particulares o a los intereses de quienes están detrás de ellos y que directamente no pueden apoyar a Boluarte: los grandes grupos empresariales. A este paso, Dina (y el congreso) se quedan hasta el 2026; los constitucionalistas sabrán defenderla con la constitución del 93 o promoverán cambios constitucionales para lograrlo.
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