La burocracia, la ineficiencia y la corrupción, parientes dicen que son. Eso es lo que percibimos y comprobamos en los variopintos gobiernos del Perú. Las obras y la forma de ejecutarlas, son instrumentos eficaces de medición. “Obras son amores y no buenas razones” , reza el antiguo refrán. Respecto a la minería, por encima de cualquier beneficio económico, de corto plazo, está el acuerdo armonioso entre empresas extractivas y poblaciones vulnerables. Los acuerdos llegan, con el sentido común que permite entender y atender prioridades.
Los anuncios de inversión con montos impresionantes, la generación de miles de puestos de trabajo, el apoyo para la reducción de la informalidad laboral, el significativo aporte en el PBI, no son todos los elementos generadores de paz social, entre empresas y poblaciones situadas en zonas de influencia minera. La licencia social- requisito indispensable- porque es, en esencia, empática y solidaria, representa una aspiración legítima de caseríos y centros poblados adyacentes a las operaciones mineras. Las obras por impuestos, a solicitud o, por decisión voluntaria, son requisitos para trabajar, en armonía, el desarrollo integral de las poblaciones.
Las mineras, con su participación -por convicción- en el desarrollo de las comunidades, promueven una garantía de paz social. Lo que sucede es que no se hacen obras de envergadura; por ejemplo, represas que satisfagan el consumo humano con agua de buena calidad y que sea suficiente para las campañas agrícolas. Pudiendo apoyar, también, en educación y salud.
Respecto a los conflictos mineros, en noviembre del 2009, colegas periodistas, entrevistaron a Ricardo Morel Bosio, quien en esa época era director del Instituto de Desarrollo Social. La entrevisto se hizo en el simposio: “Empresa Moderna y Responsabilidad Social Arequipa 2009”. Morel, fue gerente de relaciones comunitarias en la minera Antamina, posteriormente, gerente de Asuntos Internos de Yanacocha, una de las empresas extractivas de oro más importantes del Perú, secundada por Barrick - Pierina.
En el simposio realizado en Arequipa, Moral Bosio afirmó que: “Los conflictos existen por deficiente distribución de la riqueza. La riqueza nunca llega a las zonas más pobres afectadas por la minería”. Manifestó, además, que “el gobierno mediante el Ejecutivo y sus ministerios directos- Ambiente y Energía y Minas, deberían dejar la burocracia y participar activamente en la prevención y solución de conflictos. “El Estado, casi siempre, está ausente”, precisó.
Cuando Morel Bosio, se refiere a licencia social y conflictos que se agudizan cíclicamente, no se equivoca al reafirmar lo que muchos expertos han expresado: los políticos gobernantes, no distribuyen equitativamente los ingresos por concepto de canon y regalías.
Cuando se realizan obras por impuestos, el gobierno -pésimo administrador- engendra la corrupción. Por ello, los expertos en economía, recomiendan que esas obras, sean supervisadas por las mismas empresas. El gobierno prefiere que las empresas mineras se enfrenten con las comunidades y se lava las manos como pilatos. En estos días los mineros artesanales, reclaman la vigencia del Registro de Formalización. El gobierno demora en atender sus requerimientos; mientras tanto, las carreteras bloqueadas y las actividades económicas del país, paralizadas. Lo que tenemos ahora es: más burocracia y más corrupción.
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