El Perú está llegando a un punto peligroso: la criminalidad ya no parece actuar a espaldas del Estado, sino desafiándolo abiertamente.
Lo ocurrido en Trujillo es una muestra estremecedora. Cuatro personas asesinadas y un ciudadano secuestrado en una operación criminal, donde los delincuentes han utilizando prendas similares a las de la Policía. No estamos ante un simple asalto. Estamos ante organizaciones criminales que planifican, se movilizan, utilizan armas y desafían a las autoridades con una audacia cada vez mayor.
Y frente a esto, la pregunta inevitable es: ¿dónde está el Gobierno?
Porque un Gobierno puede explicar, justificar y anunciar medidas, pero no puede gobernar permanentemente sobre la base de comunicados mientras los ciudadanos mueren.
El problema ya no es solamente la delincuencia. El problema es la incapacidad del Estado para imponer autoridad. Este flagelo ya tiene años, no es de ahora.
Durante años hemos escuchado anuncios de estados de emergencia, operativos, nuevas estrategias de seguridad, promesas de mayor presencia policial y discursos contra el crimen organizado. Sin embargo, la realidad que encuentra el ciudadano en las calles es muy distinta: extorsiones, sicariato, secuestros, asaltos y asesinatos.
Entonces hay que decirlo con claridad: la seguridad ciudadana es una responsabilidad política del Gobierno.
No significa que el Ejecutivo sea responsable de cada crimen cometido en el país. Sería absurdo sostenerlo. Pero sí tiene la obligación constitucional y política de conducir una estrategia eficaz para enfrentar a las organizaciones criminales, fortalecer a la Policía, coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial y garantizar que el Estado recupere el control de los territorios donde las mafias imponen sus propias reglas, como en Trujillo.
Lo que no puede hacer el Gobierno es acostumbrarnos a la tragedia.
Cada vez que ocurre un asesinato, se anuncia una investigación. Cada vez que se produce un secuestro, se promete capturar a los responsables. Cada vez que la delincuencia golpea con mayor fuerza, aparecen nuevos anuncios.
Pero los anuncios no detienen las balas. El ciudadano necesita resultados.
Necesita caminar por las calles sin miedo. Necesita abrir su negocio sin recibir amenazas de extorsionadores. Necesita que sus hijos puedan regresar a casa sin convertirse en una estadística. Necesita saber que, si denuncia un delito, el Estado estará detrás de él y no abandonándolo a merced de los delincuentes.
El Gobierno debe entender que la lucha contra el crimen organizado no se gana con operativos aislados ni con declaraciones ante las cámaras. Se gana con inteligencia policial, investigación criminal, control de armas, seguimiento del dinero de las mafias, depuración de instituciones infiltradas y una justicia que funcione.
Y, sobre todo, con decisión política.
Porque si el delincuente sabe que puede matar, secuestrar, extorsionar y escapar; si sabe que las investigaciones pueden demorarse indefinidamente; si sabe que las instituciones están debilitadas; entonces el mensaje que recibe es peligrosísimo. Y cuando delinquir resulta rentable, el crimen crece.
El Perú no puede permitir que la criminalidad termine convirtiéndose en una forma paralela de gobierno. No podemos aceptar que las mafias decidan quién trabaja, quién paga, quién vive y quién muere.
El Ejecutivo tiene que dejar de administrar la inseguridad y comenzar a combatirla realmente.
Ha llegado el momento de medir al Gobierno no por la cantidad de anuncios que hace, sino por la cantidad de vidas que logra proteger.
