La justicia es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. Cuando no funciona adecuadamente, genera insatisfacción, desánimo y desconfianza en la población, lo que favorece la corrupción y el incremento de delitos que atentan contra los derechos humanos, como lamentablemente observamos día a día.

Uno de los aspectos que la presidenta no abordó es la necesidad de impulsar una reforma profunda de los poderes del Estado, empezando por el sistema judicial y el Ministerio Público, con el propósito de convertirlos en instituciones verdaderamente autónomas que administren justicia con imparcialidad y en estricto cumplimiento de la ley. 

Esta reforma no debería depender del Congreso, pues corre el riesgo de politizarse y responder a intereses partidarios antes que al bienestar de la sociedad. El Colegio de Abogados y las universidades deberían asumir un papel protagónico para fortalecer la autonomía institucional y promover una legislación que garantice una convivencia pacífica.

La reforma también debe alcanzar al Tribunal Constitucional, institución que, desde la percepción de muchos ciudadanos, no siempre cumple plenamente su función. Diversos casos de gran relevancia permanecen sin resolución mientras otros reciben mayor atención, generando cuestionamientos sobre su actuación e incluso conflictos con el Poder Judicial. 

Los peruanos hemos sido testigos de decisiones que han favorecido a expresidentes y otros personajes políticos. Quienes incurran en corrupción o vulneren los derechos humanos deben responder ante la justicia, sin privilegios ni excepciones, y no deberían ejercer cargos públicos mientras afronten graves cuestionamientos.

Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y debemos estar sometidos a una sola justicia, objetiva e imparcial, que otorgue a cada persona lo que le corresponde. Solo así será posible recuperar la confianza en las instituciones y evitar que la desigualdad o los intereses particulares distorsionen la equidad y las oportunidades que merecen los peruanos.

Si mantenemos el mismo modelo político, seguiremos observando un Poder Judicial politizado, un Tribunal Constitucional cuestionado por sus decisiones, una Defensoría del Pueblo cuya labor muchos consideran insuficiente y un Jurado Nacional de Elecciones permanentemente objeto de controversias. 

Es momento de apostar por la meritocracia, donde cada profesional ocupe los cargos para los que está preparado y no por compromisos o favores políticos. El Perú necesita leyes firmes y sabias que hagan que las personas se sientan protegidas y representadas, donde prevalezcan la ética, la justicia y el bien común.