El transporte público en Arequipa atraviesa un momento crítico. La ciudad, que depende de este servicio para movilizar a miles de ciudadanos cada día, enfrenta el riesgo de caer en el desorden por la acción de grupos que promueven la informalidad. Esta situación amenaza la seguridad de los pasajeros y la estabilidad de quienes cumplen con la normativa vigente.
La informalidad en el transporte no solo genera competencia desleal, sino que también pone en peligro la vida de los usuarios. Vehículos sin autorización, choferes sin capacitación y rutas improvisadas son parte de un escenario que afecta directamente la calidad del servicio. Los ciudadanos merecen un sistema confiable y seguro, no uno marcado por la improvisación.
Los transportistas formales, que cumplen con registros, seguros y requisitos legales, ven cómo su esfuerzo se ve socavado por prácticas ilegales. La falta de control abre la puerta a que personas inescrupulosas lucren sin asumir responsabilidades.
Es necesario que las autoridades locales y regionales asuman un rol más firme frente a esta problemática. La fiscalización constante, el fortalecimiento de la normativa y la promoción de la formalidad son medidas urgentes. No se trata solo de sancionar, sino de construir un sistema que premie el cumplimiento y proteja al ciudadano.
Arequipa necesita un transporte ordenado, seguro y formal para garantizar el bienestar de su población. El llamado es claro: las autoridades deben actuar con decisión para frenar el avance de la informalidad. Solo así se podrá consolidar un servicio que responda a las necesidades de la ciudad y que respete el esfuerzo de quienes trabajan dentro de la ley.
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