La reciente discusión sobre la penalización de adolescentes de 16 y 17 años en el Perú ha abierto un debate necesario pero polémico. La aprobación en el Congreso de la ley que establece responsabilidad penal para estos jóvenes en casos de delitos graves fue impulsada como respuesta ante el aumento de la delincuencia. Sin embargo, surgen dudas sobre si es realmente una medida efectiva o si simplemente busca satisfacer la demanda de seguridad ciudadana de forma superficial y momentánea.
Desde el ámbito legal y de derechos humanos, esta medida enfrenta críticas contundentes. La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, y expertos como la fiscal Cristina Gómez, han señalado que el Perú ha suscrito acuerdos internacionales que protegen a los menores, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece claramente el compromiso de no penalizar a menores de 18 años. Ignorar estos tratados no solo cuestiona nuestra coherencia en el respeto de los derechos humanos, sino abre la puerta a sanciones internacionales y conflictos legales internos.
En el ámbito social, existe evidencia de que el endurecimiento de penas para adolescentes no reduce la reincidencia ni el crimen juvenil. Estudios en otros países muestran que las políticas de reinserción, rehabilitación y prevención tienen un impacto más duradero en la reducción de la criminalidad juvenil. Las cárceles no son espacios para jóvenes en formación; son instituciones que muchas veces los conducen a carreras delictivas, en lugar de ofrecerles una segunda oportunidad.
Finalmente, si el objetivo real es proteger a la sociedad y reducir la criminalidad, el camino pasa por invertir en educación, apoyo psicológico y oportunidades para los adolescentes en riesgo. Los legisladores deben tener en cuenta que la responsabilidad penal a menores puede ser solo una solución temporal y costosa.
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