El Consejo de la Prensa Peruana, está presidido por María Mohme Seminario, ingeniera civil de profesión, colegiada desde 1995 y actualmente habilitada en el CIP, está acompañada en la junta directiva de una economista, un bachiller en psicología, y dos comunicadores, uno de ellos colegiado pero inhabilitado.
El portal institucional, señala que la junta directiva “es el órgano ejecutivo de la asociación, … y sus miembros son periodistas de alto nivel y altos ejecutivos de los medios asociados”. Este Consejo representa y defiende los intereses de los dueños de los medios asociados y no los de los periodistas.
Este Consejo nació en 1997, según ellos “…en un contexto marcado por las agresiones de un gobierno autoritario, que vio en la prensa independiente un obstáculo para perpetuarse en el poder”, lo que no dicen es que ese gobierno, el de Fujimori; hizo tabla rasa con varias normas que protegían los derechos de los periodistas al promulgar la Ley Torres y Torres Lara, que autorizó el libre ejercicio del periodismo y que ellos aprovechan porque abrió la puerta de la informalidad y precarización del desempeño periodístico.
Rechazan la propuesta de la congresista Noelia Herrera, que exige la titulación y colegiación obligatoria para el ejercicio periodístico, argumentando que “atenta contra los derechos humanos y la Democracia y la colegiatura puede ser un mecanismo de control para silenciar o limitar la expresión de periodistas incómodos”. En realidad, les impedirá seguir autodenominándose periodistas y les exigirá contratar profesionales, impactando en sus empresas e intereses particulares.
El genuino CPP, Colegio de Periodistas del Perú, si nos representa a más de 16 mil periodistas y comunicadores del país afiliados, se constituyó hace 43 años para defender sus derechos y deberes y velar por el debido ejercicio de la profesión.
Los colegios profesionales buscan el ejercicio deontológico de las profesiones, están para reunir, representar, acreditar y velar porque sus afiliados respeten los valores que inspiran nuestra democracia y los intereses superiores de la ciudadanía, para lograr el bien común, con la afiliación asumes públicamente un compromiso ético.
Rechazar la profesionalización y colegiación, es atentar contra la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión que este Consejo dice defender. Si no es así, ¿Por qué la ingeniera no se desafilia y promueve el libre ejercicio en su colegio profesional?
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